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Los rendimientos del trabajo (con determinadas excepciones) con un período de devengo superior a dos años que no se obtengan de forma habitual o recurrente y los rendimientos del trabajo que se obtengan de forma notoriamente irregular de acuerdo con la normativa aplicada en virtud de la Ley del IRPF española se reducen en un 30% si, en ambos casos, los rendimientos se registran en un único período impositivo (salvo en el caso de los rendimientos derivados de la extinción de una relación laboral ordinaria o especial). El importe sobre el que se puede aplicar la reducción del 30% no debe exceder de 300.000 euros.
La reducción no procederá cuando se haya aplicado sobre rendimientos generados en más de dos años obtenidos en los cinco períodos impositivos anteriores, salvo que los rendimientos procedan de la extinción de una relación laboral ordinaria o especial.
Cuando los rendimientos del trabajo estén comprendidos entre 700.000,01 euros y 1 millón de euros y se generen como consecuencia de la extinción de una relación laboral o mercantil, la reducción del 30% se aplicará sobre la cuantía que resulte del siguiente cálculo: 300.000 euros – (indemnización por despido – 700.000 euros). Cuando la renta generada sea igual o superior a 1 millón de euros, la renta sobre la que se puede aplicar la reducción del 30% es cero.
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La Unión Europea y el Reino Unido acordaron un Acuerdo de Comercio y Cooperación que contiene un Protocolo sobre Seguridad Social que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. El Protocolo contempla una amplia gama de cuestiones de seguridad social en el futuro. El 31 de diciembre de 2020 entró en vigor el Convenio de Seguridad Social acordado entre Irlanda y el Reino Unido. Juntos, estos acuerdos garantizan el mantenimiento en el futuro de todos los regímenes de seguridad social existentes para los ciudadanos irlandeses y británicos. Irlanda, como Estado miembro de la UE, extenderá de forma unilateral las ventajas del Convenio a los ciudadanos de la Unión, según sea necesario.
El término “residente habitual” no está definido en la legislación, pero generalmente implica un grado de permanencia en relación con el lugar donde vive una persona. Esto puede establecerse teniendo en cuenta el historial de residencia de una persona, su situación laboral y familiar, así como sus intenciones futuras. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que una persona puede ser considerada residente habitual aunque no haya vivido aquí anteriormente. Esto podría incluir a las personas que son refugiados programados, pero también podría abarcar a otros que han venido aquí con la clara intención de vivir aquí de forma permanente.
Ventajas si va al extranjero
Transmisión de vivienda habitual para mayores de 65 años o en situación de dependencia severa o gran dependencia.Requisitos para la exención fiscalNo tiene que declarar la ganancia patrimonial derivada de la transmisión, a título oneroso o lucrativo, de su vivienda habitual:
La exención por ganancia se aplica tanto si la vivienda habitual se transmite a cambio de un capital como a cambio de rentas, temporales o vitalicias.La exención también se aplica a la transmisión de la nuda propiedad de la vivienda habitual por su titular mayor de 65 años, reservándose éste el usufructo vitalicio sobre dicha vivienda.
A diferencia de lo anterior, cuando la plena propiedad de un inmueble se divide entre el nudo propietario y el usufructuario, ninguno de ellos tendrá derecho a las exenciones previstas en la transmisión del inmueble, aunque se trate de su vivienda habitual.
Guerra entre Rusia y Ucrania
En esta página puede encontrar las respuestas a las consultas formuladas en relación con las disposiciones aprobadas por la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de su capacidad normativa, en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias normativas sobre:
La consultante vive en régimen de alquiler en un inmueble destinado a su vivienda habitual, careciendo de justificante del depósito de la fianza correspondiente en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Los hijos de la consultante acuden a un colegio privado de la Comunidad de Madrid, que no reúne la condición de fundación. Se cobra mensualmente una “aportación voluntaria” y cada tres meses el material escolar.
El hermano de la demandante tiene una discapacidad del 33 por ciento, no es menor de edad ni mayor de 65 años, y convive con ella desde hace más de quince años. Ninguno de los dos recibe ayuda o subvención de la Comunidad de Madrid por dicha convivencia.