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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,
10. artículo 4, la disposición segunda y la disposición transitoria segunda de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la seguridad laboral.
15. Ley 18/2007, de 4 de julio, que recoge la integración de los trabajadores autónomos del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a excepción de la disposición transitoria primera.
22. Las disposiciones adicionales decimoquinta, decimotercera, trigésima, cuadragésima primera, decimoquinta y disposiciones segunda y final de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
23. Ley 28/2011, de 22 de septiembre, objeto de la integración del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social, a excepción de la disposición adicional séptima y la disposición final cuarta.
Será nula toda estipulación en un contrato o convenio por la que el trabajador renuncie a cualquier derecho establecido a su favor en virtud de las disposiciones de la presente Ley, aunque dicha estipulación se haya realizado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la misma.
“Salario” es todo lo que se entrega al trabajador en contraprestación de su trabajo en virtud de un contrato laboral, escrito o no, independientemente de la naturaleza del salario, ya sea en efectivo o en especie y pagadero mensualmente, semanalmente, diariamente, o a destajo, o en función del número de horas de trabajo o de la cantidad de producción; independientemente de que la totalidad o parte de dicho salario consista en comisiones o propinas cuando estas últimas se paguen de acuerdo con la práctica generalmente aceptada y cuando existan reglas que permitan su cálculo exacto.
Un “trabajador” es toda persona que trabaja por cuenta de un empresario bajo la dirección o el control de éste, aunque no esté bajo la supervisión directa del empresario, a cambio de un salario.
En nuestra Alerta Rápida GMS del 22 de junio de 2022, destacamos la estricta aplicación de la normativa de la Unión Europea (UE) en materia de Seguridad Social por parte del Departamento de Asuntos de Empleo y Protección Social (DEASP) de Irlanda para los trabajadores a distancia no cubiertos por la política de “no impacto” de la Comisión de la UE. Con este estricto enfoque, las disposiciones de “pagar donde se trabaja” se aplicaban generalmente a los trabajadores a distancia transfronterizos, lo que dificultaba a los empleadores irlandeses facilitar las solicitudes de trabajo a distancia transfronterizo temporal dentro de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (EEE): la carga administrativa y los costes asociados eran a menudo prohibitivos.
Desde entonces, el DEASP ha confirmado a KPMG1 que ahora tiene la intención de alinearse con la “Nota de orientación sobre el teletrabajo” que ha publicado recientemente la Comisión Administrativa de la UE.2 Esta Nota de orientación reconoce que la actual normativa de la UE en materia de seguridad social tiene limitaciones en el caso de los teletrabajadores transfronterizos.
Reconociendo que el trabajo híbrido será más común en el futuro para muchos, la Nota de Orientación pretende permitir que la normativa existente se aplique de forma más flexible. También está diseñada para ayudar a garantizar una “interpretación común” en todos los Estados miembros.
En Japón, si se vulneran los derechos de las personas, éstas pueden recibir reparación mediante un juicio. La Constitución de Japón prohíbe la discriminación racial en el artículo 14, y estipula que “no se negará a nadie el derecho de acceso a los tribunales” en el artículo 32. Así, se garantiza a todas las personas el mismo derecho de acceso a los tribunales sin discriminación racial o étnica.
La Constitución también estipula en el artículo 76, párrafo 3, que “todos los jueces serán independientes en el ejercicio de su conciencia y sólo estarán obligados por esta Constitución y las leyes” para garantizar la independencia y la imparcialidad de los juicios, así como el estatus de los jueces. Los juicios y las sentencias sobre cuestiones relativas a los derechos de las personas garantizados por la Constitución se llevarán a cabo públicamente (artículo 82).
La Constitución de Japón estipula que “todas las personas serán respetadas como individuos. Su derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad será la consideración suprema” (artículo 13); “Ninguna persona será sometida a esclavitud de ningún tipo. Se prohíbe la servidumbre involuntaria, salvo como castigo por un delito”. (Artículo 18); y, “Nadie podrá ser privado de la vida o de la libertad, ni se impondrá ninguna otra sanción penal, sino conforme al procedimiento establecido por la ley”. (Artículo 31), con lo que se respeta al máximo la seguridad física de las personas. También establece el principio de igualdad en el artículo 14.