Mifepristona y misoprostol
El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el viernes el caso Roe contra Wade, la sentencia de 1973 que había otorgado un derecho constitucional al aborto. Se espera que la sentencia prohíba el aborto en aproximadamente la mitad de los estados, aunque el calendario de entrada en vigor de esas leyes varía.
Algunos estados liderados por los republicanos prohibirán o limitarán severamente el aborto de forma inmediata, mientras que otras restricciones entrarán en vigor más adelante. Al menos un estado, Texas, está esperando hasta que el Tribunal Supremo emita su sentencia formal sobre el caso, que es independiente del dictamen emitido el viernes y podría tardar aproximadamente un mes.
Antecedentes: En 2019, los legisladores de Alabama aprobaron lo que entonces era la prohibición más estricta del aborto en el país, convirtiendo en delito grave la práctica de un aborto en cualquier etapa del embarazo, sin excepciones para los embarazos resultantes de violación o incesto. La única excepción sería cuando la salud de la mujer corriera grave peligro. Un juez federal emitió una orden judicial, bajo el precedente de Roe vs. Wade, bloqueando al estado de aplicar la ley. En 2018, los votantes acordaron enmendar la Constitución de Alabama para decir que el estado reconoce los “derechos de los niños no nacidos” y “no protege el derecho al aborto ni requiere la financiación del aborto.” Una ley de 1951 tipificó como delito, castigado con hasta 12 meses de prisión, inducir un aborto, a menos que se haga para preservar la vida o la salud de la madre.
Acceso a la ayuda
En un procedimiento ante un tribunal federal, el apelado, editor de periódicos, impugnó, basándose en la Primera Enmienda, la constitucionalidad facial de la ordenanza de la ciudad apelante que autoriza al alcalde a conceder o denegar las solicitudes de permisos anuales a los editores para colocar sus quioscos de prensa en la propiedad pública y, en caso de denegación de la solicitud, exige al alcalde que “exponga las razones de dicha denegación”. Si se concede la solicitud, la ordenanza establece que el permiso está sujeto, entre otras cosas, a los “términos y condiciones que el alcalde considere necesarios y razonables”. El Tribunal de Distrito consideró que la ordenanza era constitucional en su totalidad y dictó sentencia a favor de la ciudad. El Tribunal de Apelación revocó la sentencia, declarando inconstitucional la ordenanza, entre otros motivos, porque otorgaba al alcalde una discrecionalidad ilimitada para conceder o denegar una solicitud de permiso y para imponer condiciones ilimitadas a cualquier permiso que concediera.
(a) Cuando un estatuto de concesión de licencias confiere una discrecionalidad sin límites a un funcionario del gobierno sobre la concesión o denegación de una actividad expresiva, quien esté sujeto a la ley puede impugnarla facialmente sin someterse primero al proceso de concesión de licencias. Una ley de este tipo constituye una restricción previa y puede dar lugar a la censura, engendrando riesgos para la libertad de expresión que sólo pueden mitigarse eficazmente mediante una impugnación facial. La mera existencia de la discrecionalidad sin restricciones del licenciante, junto con el poder de restricción previa, intimida a las partes a censurar su propia expresión, incluso si nunca se abusa realmente de la discrecionalidad y el poder. Las normas que limitan la discrecionalidad del licenciante proporcionan puntos de referencia que controlan al licenciante y permiten a los tribunales determinar rápida y fácilmente si el licenciante está discriminando la expresión desfavorecida. Sin esas normas, las dificultades de la prueba y la naturaleza caso por caso de las impugnaciones “tal como se aplican” hacen que la actuación del licenciante sea en gran medida irrevisable. Pp. 486 U.S. 755-759.
U.S. Legal News
Esto es en respuesta a su carta solicitando una interpretación del personal de la Sección 604 (b) (2) de la Fair Credit Reporting (FCRA). Esta sección requiere que los empleadores revelen a los empleados y solicitantes de empleo el hecho de que los informes de los consumidores pueden ser obtenidos y para obtener el permiso por escrito antes de cualquier informe de los consumidores se obtiene. Usted pregunta si está permitido, en virtud del artículo 604(b)(2), que un empleador haga una única revelación a los solicitantes y empleados actuales y obtenga en ese momento un permiso por escrito que cubra cualquier informe de consumidor obtenido en el proceso de solicitud de empleo y durante el empleo de los consumidores. Como usted señala, una alternativa a este enfoque sería que se hiciera una revelación, y se obtuviera un permiso, cada vez que el empleador deseara obtener un informe del consumidor.
La sección 604(b)(2) es una nueva sección añadida a la FCRA por el Congreso en las enmiendas que entraron en vigor el 30 de septiembre de 1997. Esta disposición exige a todos los empresarios que pretendan obtener informes de consumidores con fines de empleo que primero revelen este hecho a los consumidores en un “documento que consista únicamente en la revelación” (Sección 604(b)(2)(A)), y que obtengan el permiso por escrito de los consumidores (Sección 604(b)(2)(B)). Este procedimiento tiene por objeto garantizar que los consumidores sean conscientes de que los informes de los consumidores pueden utilizarse con fines de empleo.
Píldoras Plan c por correo
A principios de este año, en una sentencia del Tribunal Divisional que suscitó mucha atención entre los abogados de oficio, el Ministerio del Interior reconoció que su política secreta y general de confiscar y descargar datos de los teléfonos móviles de todos los que llegaban en pateras era ilegal: R (HM, MA y KH) contra el Secretario de Estado del Ministerio del Interior [2022] EWHC 695 (Admin). Tras haber negado inicialmente la existencia de la política general como “basada en anécdotas y conjeturas” en la correspondencia previa a la acción, una posición de la que el gobierno no se retractó tras el inicio de los procedimientos de revisión judicial, la parte demandada aceptó tardíamente antes de la audiencia que dicha política efectivamente operó entre abril y noviembre de 2020 (párrafo 32). En última instancia, la demandada aceptó que su posición antes de este punto era “inadvertidamente incompatible con el deber de franqueza” y ofreció una “disculpa sin reservas” (párrafo 32).
Los padres de un joven de 25 años al que una enfermera negligente dejó morir en una celda bajo la responsabilidad de 800 reclusos han relatado que las condiciones en las que murió su hijo les perseguirán para siempre”.