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El poder judicial de Ruanda se compone de tribunales ordinarios y especializados y tiene la misión de proteger los derechos y la libertad. Gobernado por el Consejo Superior de la Magistratura, el poder judicial de Ruanda es independiente y ejerce una autonomía financiera y administrativa.
La Constitución de la República de Ruanda de 2003, revisada en 2015, confía al Poder Judicial la misión de proteger los derechos y la libertad. El poder judicial se compone de tribunales ordinarios y especializados. El Consejo Superior de la Magistratura es el órgano supremo de gobierno del Poder Judicial. Establece las directrices generales que rigen la organización del Poder Judicial. El poder judicial es independiente y ejerce la autonomía financiera y administrativa. (Véanse los artículos 43, 148, 149, 150, 151).
El Tribunal Superior tiene su sede en la ciudad de Kigali y cuenta con cinco salas situadas en Musanze, Nyanza, Rwamagana y Rusizi, que tienen jurisdicción original y de apelación en asuntos civiles, penales y administrativos. La quinta sala es la especializada en crímenes internacionales.
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Se trata de un tribunal dotado de diversas competencias, entre ellas, en particular, el control de la constitucionalidad de la legislación. El Consejo Constitucional no es un tribunal supremo jerárquicamente superior al Conseil d’État o a la Cour de Cassation.
Si se le somete una solicitud de decisión prejudicial prioritaria sobre la cuestión de constitucionalidad, el Consejo dispone de tres meses para pronunciarse. Durante este período, las partes tienen la oportunidad de presentar sus observaciones y de responder.
El Consejo se reúne y se pronuncia en sesión plenaria en todo momento. Sus decisiones y dictámenes son emitidos por al menos siete miembros (requisito de quórum). En caso de empate, el Presidente tiene voto de calidad. No se pueden emitir dictámenes discrepantes. A diferencia de las audiencias públicas, las deliberaciones y votaciones no se hacen públicas.
La investigación de los casos se asigna a un miembro del Consejo que es nombrado ponente por el presidente, excepto en los litigios electorales. En estos litigios, la instrucción se asigna a una de las tres secciones compuestas por tres miembros elegidos al azar, cada uno de los cuales debe haber sido designado por una autoridad diferente.
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El principio del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes nació con la Constitución de 1911, la primera vez que se hizo en toda Europa. El artículo 63 establecía que “a condición de que, en los asuntos que se sometan a juicio, cualquiera de las partes impugne la validez de una ley o de un decreto que haya sido dictado por el poder ejecutivo o por cualquier corporación con autoridad pública y que haya sido invocado, la Autoridad Judicial apreciará su conformidad con la Constitución y con los principios en ella consagrados”. Se trataba, pues, de un sistema “difuso” de control de constitucionalidad, en el que prácticamente todos los tribunales ordinarios tenían encomendada esta responsabilidad en el contexto de los casos concretos que se les planteaban. Pero sólo los tribunales ordinarios (es decir, las “autoridades judiciales”) poseían la capacidad de rechazar la aplicación de leyes inconstitucionales; y, además, las cuestiones de constitucionalidad no podían ser evaluadas de oficio. Este modelo se inspiró en la experiencia americana de las revisiones judiciales y en la Constitución de la República de Brasil de 1891 (que a su vez seguía el modelo estadounidense). Sin embargo, se adoptó esencialmente por razones internas (por ejemplo, la reacción contra la práctica del régimen anterior de dictar decretos dictatoriales).
El Tribunal Supremo en la era de la polarización política aguda
(Washington, DC) – El recién elegido Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien asumió el cargo el 24 de mayo de 2021, y la Asamblea Nacional ecuatoriana deben priorizar la implementación de las sentencias de la Corte Constitucional que promueven la protección de los derechos humanos, señalaron hoy Human Rights Watch y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ). En muchos casos, la Corte especificó las acciones requeridas por los legisladores y el presidente para llevar a cabo sus sentencias.
El presidente saliente, Lenín Moreno, lideró un proceso que buscaba restaurar la independencia de instituciones clave, incluyendo la Corte Constitucional, e hizo otros cambios importantes para reparar el daño a las instituciones democráticas infligido por el ex presidente Rafael Correa entre 2007 y 2017. Un Consejo de Participación Ciudadana de transición nombró a nueve nuevos y respetados juristas para la Corte Constitucional en 2019. El tribunal ha emitido múltiples sentencias desde entonces que protegen los derechos de las mujeres y las niñas; los presos; los refugiados y los migrantes; y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y abordan asuntos críticos de derechos humanos como la libertad de expresión y el uso de la fuerza.