Codigo penal español delitos informaticos

Derecho procesal penal español

La lucha contra los delitos de abusos sexuales a menores a través de Internet es complicada. Las técnicas utilizadas por los abusadores sexuales son cada vez más sofisticadas y, en consecuencia, los riesgos para los menores son cada vez mayores. A esto hay que añadir el hecho de que los niños afectados se sienten a menudo intimidados y no denuncian la situación.

No hay que olvidar que la navegación por Internet deja un rastro de información en los foros, las redes sociales y los sitios de comercio electrónico u otros visitados. Si se reúne y se cruza, puede dar un perfil de la personalidad del usuario en cuestión. Este hecho es aprovechado por los delincuentes para detectar a personas vulnerables. Además, según información de organizaciones no gubernamentales sobre páginas web que contienen material relacionado con el abuso de menores, más del 80% de las víctimas son menores de 10 años.

La explotación sexual de menores y la pornografía infantil constituyen graves violaciones de los derechos humanos fundamentales. En particular, violan el derecho de los niños a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar, tal y como establecen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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Si el plan de prevención sólo cumple parcialmente estos mínimos o si se establece después de la comisión del delito, se tendrá en cuenta como circunstancia atenuante que puede reducir las penas.

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Aunque esta ley no profundiza en las características, estructura y contenido del modelo de prevención, ni determina cómo configurar el órgano de supervisión y control interno, está claro que las empresas españolas que quieran acogerse a la exención de responsabilidad penal deberán definir su esquema de acuerdo con lo que se conoce como “programa de cumplimiento efectivo” en la legislación estadounidense.

La falta de definición permite dar un enfoque más amplio a la promoción de los valores necesarios para disuadir las acciones no éticas en lugar de centrarse estrechamente en las normas o directrices de los esquemas. Aunque la reforma introduce una defensa contra los cargos de responsabilidad penal, no es obligatoria, por lo que las empresas son libres de adoptar sus recomendaciones o no.

La Fundación Microfinanzas BBVA (“FMBB”) pone a disposición de los usuarios (los “Usuarios”) de este sitio web www.progresomicrofinanzas.org (el “Sitio Web”) los siguientes datos para su información general, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (en adelante, la “LSSI”):

Código penal español

1. La promulgación de la presente Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores fue una necesidad impuesta por lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, de reforma de la Ley reguladora de la competencia y del Procedimiento de los Tribunales de Menores; en la moción aprobada por el Congreso de los Diputados el 10 de mayo de 1994, y en el artículo 19 de la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

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2. La Ley Orgánica 4/1992, promulgada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, que declaró inconstitucional el artículo 15 de la Ley de los Tutelares de Menores, texto refundido de 11 de junio de 1948, establece un marco flexible para que los Juzgados de Menores determinen las medidas aplicables a los mismos como infractores penales, sobre la base de valorar especialmente el interés del menor, entendiendo por menores a tales efectos a las personas entre 12 y 16 años. Al mismo tiempo, confía a la Fiscalía la iniciativa procesal, y le otorga amplias facultades para acordar la terminación del proceso con la intención de evitar, en la medida de lo posible, los efectos aflictivos que él mismo pudiera producir. Asimismo, configura al equipo técnico como un instrumento esencial para la consecución del objetivo perseguido por las medidas y termina estableciendo un procedimiento de carácter sancionador-educativo, que otorga todas las garantías derivadas de nuestro ordenamiento constitucional, en consonancia con lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional y lo establecido en el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.

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Servicio 1FraudeLos delitos económicos y socioeconómicos están escalando poco a poco en las estadísticas criminales, convirtiéndose en los que más han aumentado en los últimos cinco años, siendo el fraude (en todas sus formas) posiblemente el más común. España, por muy segura que sea, es un mercado en crecimiento y una plataforma de negocios donde se realizan millones de transacciones monetarias a diario.

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