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Contenidos
1. El presente documento (el “Código Ético”) recoge los valores, principios, reglas y normas de conducta que inspirarán y regirán la actuación de los miembros de Pérez-Llorca (la “Firma”) en sus respectivos ámbitos. A estos efectos, se entenderá por miembros de la Firma a todos los socios, abogados, empleados, colaboradores y becarios de todos los despachos y empresas que forman o puedan formar parte en el futuro del grupo Pérez-Llorca.
3. Asimismo, la Firma está alineada con los compromisos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, haciendo suyos los principios de responsabilidad social y aplicando las directrices de respeto a los derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.
La Firma no permite ni tolera la discriminación por razón de raza, color, nacionalidad, origen social, edad, sexo, estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión o cualquier otra condición personal, física o social de sus miembros, y promueve la igualdad de oportunidades.
En particular, la Firma promueve la igualdad de trato entre hombres y mujeres y rechaza cualquier forma de acoso, abuso de autoridad, violencia o cualquier otra conducta que genere un ambiente de trabajo intimidatorio u ofensivo para los derechos personales de sus miembros.
Consejos veraniegos de Carol Hogue
La justicia emana del pueblo y es impartida en nombre del monarca por los jueces y magistrados que constituyen el poder judicial. Sólo los jueces pueden impartir justicia, es decir, sólo ellos pueden dictar sentencias y hacer que se ejecuten.
La admisión a la carrera judicial se basa en los principios de mérito y capacidad. El proceso de selección es objetivo y transparente, garantizando la igualdad de oportunidades a todas las personas que cumplan los criterios y que posean las aptitudes, la competencia profesional y las cualificaciones necesarias para ejercer de juez.
La categoría para la que hay más candidatos es la de juez. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, para ser juez, los candidatos deben aprobar un concurso para licenciados en Derecho y realizar un curso en la Escuela Judicial.
Por último, los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial entre jueces decanos con al menos 15 años de servicio, de los cuales 10 como juez decano, mientras que una quinta parte de los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados entre abogados de reconocida capacidad con al menos 15 años de experiencia.
Central Kolkata CA CPE Study Circle del EIRC del ICAI
El Conseil National ha hecho posible que las diversas normativas locales se alineen y se fusionen en un único texto, el Reglamento Interno Nacional (RIN), que establece las normas deontológicas para todos los abogados que ejercen en Francia, junto con el Decreto 2005-790, de 12 de julio de 2005, relativo a las normas deontológicas aplicables a los abogados.
El derecho del Conseil national des barreaux a dictar normas deontológicas obligatorias ha sido confirmado por la jurisprudencia. Cabe señalar que el Código de Conducta de los Abogados de la Comunidad Europea, que se aplica a las actividades transfronterizas dentro de la UE, y fue adoptado en Estrasburgo en 1988 por el Consejo de Colegios de Abogados de Europa, se incorporó a las RIN, y es, por tanto, obligatorio para todos los abogados franceses.
Nuevo Código de conducta mundial
Es obligación de los tribunales y de la libertad condicional garantizar que el personal a todos los niveles sea competente, profesional, fiscalmente responsable y orientado al servicio al cliente. El Tribunal Supremo, a través de la Oficina Administrativa de los Tribunales y de la Libertad Condicional, establece normas por las que se pueden medir las operaciones y el rendimiento de los tribunales y de la libertad condicional. La Oficina Administrativa trabaja para mantener a todas las ramas del gobierno y al público informados de las operaciones, programas e iniciativas del Poder Judicial; y para desarrollar una agenda estratégica clara que fomente la confianza del público.
La confianza en nuestros jueces es fundamental para mantener la confianza del público en el Poder Judicial. Las acusaciones de mala conducta por parte de jueces, abogados y personal son investigadas y resueltas de manera oportuna y justa.