Zoom sur 14 11 2022
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El Delegado de Protección de Datos es la persona designada por el responsable del tratamiento encargada de velar por el cumplimiento de las normas de protección de datos personales en el Tribunal Constitucional (artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos).
Al Delegado de Protección de Datos le corresponde informar y asesorar a la Secretaría General, que actúa como responsable del tratamiento, en todo lo relativo a la protección de los datos tratados por el Tribunal Constitucional, así como cualquier otra función que le encomienden la Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento (UE) 2016/679 (artículo 5.2 del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de febrero de 2021, sobre el tratamiento de datos personales y artículo 4.2 del Reglamento de Régimen Interior de la Secretaría General del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2021, sobre el tratamiento de datos personales).
Mesa redonda del Comité Consultivo sobre el reciclaje de residuos orgánicos
En 2015 se aprobó en España una ley muy restrictiva, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (2015/4, comúnmente conocida como Ley Mordaza). Esta Ley ha puesto en jaque la libertad de reunión y de expresión, incluso apuntando a los periodistas que cubren las actuaciones policiales durante las concentraciones públicas, con repercusiones negativas para el Estado de Derecho. La Ley está actualmente en proceso de reforma.
Nos dirigimos a la Comisión Europea para pedirle que cumpla su mandato de velar por el Estado de Derecho en un momento clave para la garantía de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en España:
Ya en 2015, varios relatores especiales de la ONU denunciaron que esta Ley representa una amenaza para los derechos fundamentales y debe ser rechazada[1]. Más recientemente, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa emitió un dictamen en el que señalaba el carácter desproporcionado y arbitrario de las restricciones a las libertades fundamentales impuestas por esta Ley[2]. El informe de la Comisión Europea 2021 sobre el Estado de Derecho en España también declaró con respecto a la Ley que si una “norma conduce a abusos en la práctica, esta norma debe ser cambiada, circunscrita o acompañada de salvaguardias adicionales” y pidió una evaluación en profundidad de su impacto en los derechos fundamentales[3].
H.244 Autorización de la reducción orgánica natural de la
La necesidad de aplicar las disposiciones constitucionales que consagran el derecho a la información, preservan el equilibrio de las finanzas públicas, promueven el buen gobierno y refuerzan la rendición de cuentas para responder a las expectativas de los ciudadanos, cada vez más conscientes de sus derechos dentro de un Estado moderno y democrático.
Enriquecer la información presupuestaria que está a disposición del Parlamento y del público; ▪ Mejorar la legibilidad del presupuesto pasando a una presentación por programas de las políticas públicas, con la consolidación de la dimensión regional, ▪ Comunicar el proyecto de ley de finanzas a gran escala, ▪ Consagrar los principios de evaluación y de responsabilidad; ▪ Reforzar los principios presupuestarios fundamentales (sinceridad presupuestaria y contable, y racionalización de la creación y utilización de las cuentas especiales del Tesoro y de los organismos del Estado gestionadas de forma independiente).
El compromiso es relevante porque pone a disposición del público la información presupuestaria. Esto último mejora su calidad y accesibilidad. El compromiso es relevante en términos de responsabilidad pública, porque cada ministerio prepara un Informe de Rendimiento para apoyar la ley de revisión presupuestaria del año en cuestión. Este informe compara los logros con los init
Día de la Mujer en las Fuerzas de Seguridad 2022
La Ley Orgánica 10/2022 añade un nuevo apartado (el número 7) al artículo 197 del Código Penal español e incluye una nueva conducta en el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Con su entrada en vigor, la difusión, divulgación o cesión a terceros de imágenes o grabaciones audiovisuales obtenidas en el domicilio de una persona (con su consentimiento), o en cualquier otro lugar fuera de la vista de terceros, será punible siempre que afecte gravemente a la intimidad de la misma.
A la luz de las modificaciones introducidas en el Código Penal español por la Ley Orgánica 10/2022 las empresas deben estar especialmente atentas al comportamiento de sus representantes y empleados, así como tomar medidas para revisar, ajustar y modificar sus programas de prevención penal para que se ajusten a las últimas novedades legislativas.