Daniel 6:1-17 | Estudio Bíblico, 2.17.21 | theBrentwoodchurch.com
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El pasado 15 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad (“RDL 17/21”). El RDL 17/21 establece medidas complementarias a las previstas en el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de fiscalidad energética y de la producción de energía, y sobre la gestión del canon de regulación y la tarifa por utilización del agua (Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua) (“RDL 12/21”). Ambos conjuntos de normas pretenden mitigar las consecuencias del aumento de los precios del gas natural y de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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Después de dos años extraordinarios y complicados en muchos sentidos, como 2020 y 2021, el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables continúa a pesar de las dificultades. Este artículo resume la situación de los PPA y de la financiación de proyectos de energías renovables en general durante 2021.
El año 2021 alivió los últimos meses de 2020, cuando se recuperó el ritmo de nuevos proyectos. Pero tras el verano llegó la escalada de precios sin precedentes en los mercados energéticos. Esto, que a priori podía parecer una buena noticia para los proyectos de generación eléctrica, acabó convirtiéndose en un escenario de inestabilidad e incertidumbre que hizo más borrosa la visión de futuro de los proyectos.
Los PPA, los contratos de compraventa de energía a largo plazo, eran y siguen siendo uno de los instrumentos más utilizados por los proyectos de energías renovables para mitigar o eliminar el riesgo de los precios de mercado y poder optar a mejores condiciones de financiación. Pero, en 2021 apareció un nuevo actor en este escenario: las subastas de energías renovables.
Con las subastas, además de mitigar el riesgo de los precios de mercado, un productor puede eliminar el riesgo del offtaker, porque con las subastas obtienen la garantía del Estado. En una situación así, podría pensarse que los PPA quedarán obsoletos. Pero, a pesar de la existencia de las subastas, los expertos coincidieron en que el CCE seguirá siendo una herramienta básica tanto para los productores de energías renovables como para los consumidores.
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“La energía se ha convertido en uno de los principales costes fijos de la distribución alimentaria. Su incremento en los últimos años ha hecho saltar las alarmas en nuestro sector, que puede ver comprometida su sostenibilidad en los próximos meses”.
“El Gobierno debe hacer todo lo posible para que el coste de la energía sea estable, porque si los precios están sujetos a subidas y bajadas que no se pueden regular a través de contratos, podemos tener un problema muy serio para ser eficientes y competitivos”.
“Las medidas legislativas que adopte el Gobierno en materia energética no deben tener el efecto de desincentivar la producción renovable, sino que deben ser coherentes con los ambiciosos objetivos de transición energética del Gobierno”.
Fernando Fernández Méndez de Andes, profesor de IE University, comenzó recordando que “los costes de generación sólo representan un tercio de la tarifa eléctrica: otro tercio financia políticas públicas y el resto son impuestos y tasas como los derechos de emisión”, a los que se refirió como “el coste directo de la transición energética”.
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Mediante el RDL 6/2022, el Gobierno ha realizado importantes modificaciones normativas en diferentes regulaciones sectoriales como respuesta a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. El Título I de este Real Decreto-Ley está dedicado a las medidas adoptadas en el sector energético, de las que cabe destacar las siguientes:
El artículo 5 del RDL 6/2022 establece una división del semiperiodo regulatorio comprendido entre enero de 2020 y diciembre de 2022 en dos semiperiodos regulatorios, el primero para 2020 y 2021, y el segundo sólo para 2022. En relación con lo anterior, se establece un mandato para la publicación, en el plazo de dos meses desde la publicación del RDL 6/2022, de una orden por la que se establezcan los nuevos parámetros retributivos del RECORE, en base a distintas consideraciones establecidas en el art. 5.5 del RDL 6/2022. Estos nuevos parámetros serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2022, con el objetivo de considerar correctamente los ingresos de mercado para ajustar los ingresos que deben percibir las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico.