Adecuaciones físicas no aptas para conservar cadáveres, presuntos lavados con hipoclorito de alta densidad que pudo borrar los sistemas de identificación de ADN y cuerpos mezclados. Estos son algunos de los resultados de un informe de inspección judicial que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló el pasado martes, tras examinar el laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia. Desde el 5 de noviembre de 2019, el tribunal transicional decretó una medida cautelar de protección sobre cuerpos custodiados por el laboratorio, donde reposan cadáveres provenientes de los cementerios de Orobajo, Barbacoas y la Fortuna, en la zona de influencia del proyecto de la Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango).
En esa área, según la JEP, habría más de 2.094 víctimas de desaparición forzada. Un gran número de cuerpos de estas personas fueron inhumados por grupos ilegales y se presume que cuando fueron inundados los terreros para la represa quedaron sepultados en el fondo.
En una audiencia que se extendió por más de 10 horas, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP cuestionó, entre otras cosas, las posibilidad de que presuntas víctimas de desaparición estén en el laboratorio del centro educativo. «No se puede permitir que colecciones de cuerpos de personas dadas por desaparecidas estén en universidades o cualquier otro tipo de institución», dijo el magistrado Gustavo Salazar durante la diligencia.
De hecho, la medida cautelar sobre ese laboratorio llevó al sellamiento de algunas de sus zonas, a las que solo quedó autorizado para ingresar el personal de la UIA de la JEP, Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
La universidad está interrumpiendo la posibilidad de justicia, de verdad, lo mismo que hizo Empresas Públicas de Medellín (EPM) al inundar cuerpos. Fuentes de esa última entidad le dijeron a EL TIEMPO que la semana pasada terminaron sus labores en el laboratorio.
«En total se entregaron a Medicina Legal 79 cuerpos que provenían de los cementerios Universal y Orobajo. Estamos a la espera del resultado del análisis forense e identificaciones de los mismos, que permitirá confirmar si los cuerpos presentaron muerte violenta en el marco del conflicto armado», aseguraron desde la UBPD.
Las acciones para proteger los cuerpos tienen como antecedente una petición formulada a la JEP en agosto de 2018 por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el movimiento Ríos Vivos, que agrupa a comunidades afectadas por Hidroituango y familiares de víctimas de desaparición.
En Colombia, según la Unidad de Búsqueda, más de mil personas fueron desaparecidas en el conflicto.
César Melgarejo. EL TIEMPO
«Dentro del interrogatorio de la audiencia se cuestionó a la coordinadora del Laboratorio de Antropología Osteológica y Forense de la universidad para que aclarara por qué ellos terminaron tomando restos de más de 394 cuerpos de tres cementerios y por qué esas personas no estaban identificadas», dijo el abogado del Movice Alirio Uribe, quien acompaña a Ríos Vivos en el proceso ante la JEP.
Según relató el magistrado Salazar durante la diligencia judicial, la Fiscalía ha dicho que tenía la consideración de que había víctimas de desaparición forzada en el área de influencia de Hidroituango, en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia.
Por eso, cuestionaron que la Universidad de Antioquia tuviera algunos cuerpos provenientes de esa región, que podrían ser de víctimas del conflicto armado y personas dadas por desaparecidas a quienes sus familiares siguen buscando.
«La universidad no los asesinó ni los desapareció. La universidad no ha tenido nunca la intención de ocultar información. No nos interesa hacerle ese daño a nadie», señaló la coordinadora del laboratorio de Antropología Osteológica.
‘Nos están afectando el derecho al duelo y a la verdad’: Ríos Vivos. Isabel Cristina Zuleta, activista ambiental y vocera del movimiento Ríos Vivos, cuestionó tajantemente a la Universidad de Antioquia. »La universidad no podía haber tocado cadáveres sin el permiso de sus familiares. Y no sirve un permiso general, porque cada familiar lleva consigo a sus muertos. Tiene que entregar a las familias los cuerpos que tiene secuestrados, porque así lo interpreta la comunidad, que además vive con la angustia de no saber si los han usado para lo que comúnmente llamamos experimentos», le dijo Zuleta a EL TIEMPO.
Tanto la activista como el abogado del Movice Alirio Uribe señalaron que deben adelantarse las investigaciones para determinar si los funcionarios de la institución tuvieron algún tipo de responsabilidad que conduzca a sanciones disciplinarias o penales en relación con estos cadáveres.
No les permiten hablar a los muertos, como está pasando hoy con los jóvenes. Por eso los calcinan, los desaparecen, los arrojan a los ríos, los desmembran
«Que ninguna universidad se atreva a hacer lo que hizo la de Antioquia, porque está interrumpiendo la posibilidad de justicia, de verdad, lo mismo que hizo Empresas Públicas de Medellín (EPM) al inundar cuerpos, sitios de enterramiento, fosas comunes, como lo hemos denunciado. Afectaron una cosa tan sagrada como son los muertos para cada familia», expresó Zuleta, y sentenció que «hay una cooptación de la academia pública por parte de empresas, para que ya no esté al servicio de la ciencia y de las comunidades».
Y, de otro lado, puso de relieve los riesgos para las garantías de no repetición que genera la desaparición forzada: «No les permiten hablar a los muertos, como está pasando hoy con los jóvenes, por eso los calcinan, los desaparecen, los arrojan a los ríos, los desmembran. Nuestra preocupación es que se siga reproduciendo así la violencia, que se repitan estos hechos».
Luego de que la audiencia se extendió hasta la noche de este martes, la JEP programó una nueva diligencia para su continuación. Esta tendrá lugar el 19 de julio.
Foto: Rcnradio.com
