El Tiempo
El día de ayer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de establecer con exactitud la cantidad de bienes y activos de la antigua guerrilla de las Farc, dentro del trámite para resolver una solicitud de medidas cautelares para proteger dichos bienes, hecha por el fiscal de la justicia de paz, requirió tanto a la Fiscalía como a Rodrigo Londoño, Timochenko, y Pastor Alape, exjefes guerrilleros a allegar información precisa sobre este asunto.
El propósito de esa medidas cautelares es que esos bienes, que suman cerca de dos billones de pesos según el inventario entregado por las Farc, sean destinadas efectivamente a la reparación de las víctimas del conflicto armado. La JEP no fijó fecha para la audiencia, pero pidió para que se pueda adelantar la misma esa información.
De esta forma, tanto Timochenko, jefe máximo de la guerrilla, como Alape, encargado por esa organización para realizar dicho inventario, tienen 30 días para hacer el reporte a los magistrados de la JEP. El 15 de febrero de este año, el mismo Alape le pidió al director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), Giovanni Álvarez, conocido como el fiscal de la JEP, que adoptara medidas cautelares urgentes frente a los bienes y activos entregados por las antiguas Farc.
Con base en ese antecedente, los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, el Auto de Trámite 02 del 21 de agosto de 2018, tomaron esa decisión y otras medidas más.
En el caso de Alape, el auto señala que hay “falta de correspondencia entre el total del inventario presentado por el Secretariado de las Farc-EP (…) y el por él suscrito el 15 de febrero de 2018 en el escrito de solicitud de medidas cautelares”.
Respecto a Rodrigo Londoño Echeverri, el auto de la JEP le exige que complemente y precise el inventario de bienes y activos de las Farc. En concreto, le piden que identifique e individualice todos los bienes y activos, que informe sobre sus matrículas inmobiliarias, que indique su ubicación exacta y que describa sus lindero
Además de hacer el requerimiento para tener plena claridad sobre la cantidad de bienes y activos entregados por las Farc para la reparación de sus víctimas, pide que se especifique aquellos bienes que están en proceso de extinción de dominio, sus actuales administradores y sobre los rendimientos que hayan generado, entre otros aspectos.
Esa sala decidió también vincular al proceso a la Fiscalía, a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al Ministerio del Interior, al Director Ejecutivo de la Rama Judicial, al Departamento Administrativo de la Presidencia, a la Agencia Nacional de Tierras, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República.
La Fiscalía deberá también presentar un informe sobre sobre la clasificación y relación de bienes y activos de las antiguas Farc-EP que se encuentren en extinción de dominio, con o sin medidas cautelares; sobre aquellos bienes y activos no inventariados y también ordenó que reporte las amenazas, pérdidas y deterioros de los mismos.
Finalmente, el auto les da un plazo de 15 días hábiles a las organizaciones de víctimas para que se “pronuncien sobre la solicitud de medidas cautelares invocada por la UIA, la cual involucra la reparación material, en el marco de la reparación integral”.
Foto: Caracol.com.co
