El Tiempo. Por Juan David López Morales
El capitán en retiro Alfonso Romero Buitrago, condenado por ‘falsos positivos’ pese a decir que es inocente, tendrá que presentarse este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ampliar las versiones que ha dado en medios de comunicación sobre la práctica de los ‘falsos positivos’ en Dabeiba, Antioquia. Pero no es el único. Se conoció una lista de 14 militares que la JEP estudia llamar para esclarecer su conocimiento de estos hechos y de la cual Romero es apenas el primero.
El Ejército tiene en su poder una solicitud hecha por el despacho del magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, uno de los relatores del caso 03, que investiga las ‘ejecuciones extrajudiciales’, para que allegue las hojas de vida de los uniformados que permitan establecer a qué unidades estuvieron adscritos durante su carrera.Esto no significa que vayan a ser vinculados formalmente a la investigación, pero sí que han sido mencionados en declaraciones de otros militares sobre los hechos ocurridos en Dabeiba entre las décadas de 1990 y 2000, y por los cuales la semana entrante volverá un equipo judicial a continuar la inspección del cementerio católico Las Mercedes, en ese municipio del occidente antioqueño.
El objetivo es esclarecer hasta qué nivel de mando llegó el conocimiento de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales y continuar desentrañando la dimensión del horror que, según las informaciones conocidas por el país, dejó decenas de víctimas de este crimen en Dabeiba. En la lista aparecen personas que llegaron a las más altas instancias castrenses. Es el caso del general en retiro Alejandro Navas Ramos, quien cuando era coronel fue comandante del batallón Voltígeros de la Brigada 17 del Ejército, asentada en Carepa, Urabá antioqueño. Navas Ramos llegó hasta la comandancia del Ejército y después, en 2011, fue nombrado comandante de las Fuerzas Militares por el presidente Juan Manuel Santos. En 2013, Navas pasó a retiro y fue nombrado embajador de Colombia en Argentina, hasta el 2017.
La Brigada 17 fue cuestionada en Justicia y Paz porque, según documentó la Fiscalía, varios de sus miembros fueron cómplices en masacres, asesinatos y desplazamientos cometidos por paramilitares desde los 90. Entre 1995 y 1997, por ejemplo, fue comandada por el condenado general Rito Alejo del Río. Navas Ramos estuvo bajo su mando. Entre los hechos que se le cuestionan a esa unidad militar también figura la desaparición de Jaime Enrique Quintero, padre del futbolista Juan Fernando Quintero. En otro caso, una sala de Justicia y Paz compulsó copias contra Navas Ramos en 2013 por la masacre de La Horqueta, en Tocaima, Cundinamarca, en la que paramilitares del bloque Élmer Cárdenas asesinaron a 14 personas el 21 de noviembre de 1997, al parecer, con complicidad de militares del batallón Miguel Antonio Caro, comandado entonces por Navas Ramos. Asumió la comandancia de ese batallón en el centro del país inmediatamente después de la que ejerció del batallón Voltígeros en Urabá.
El tercer militar en la lista es el coronel (r) Jorge Alberto Amor, quien fue comandante de la Brigada Móvil 11, con puesto de mando en Dabeiba. Aunque no hay registros de investigaciones en esa zona contra Amor, en 2014 fue llevado a juicio por su presunta omisión en la masacre perpetrada por paramilitares del Bloque Calima el 10 de octubre del 2001 en Alaska, La Habana y Tres Esquinas, en zona rural de Buga, Valle, que dejó el saldo de 24 muertos.
Aunque el proceso contra Amor llegó a alegatos finales, no se dictó condena porque el coronel pidió que su proceso pasara a la JEP. Para el momento de esa masacre, Amor comandaba el batallón Palacé, en Buga, y exjefes paras como Heberth Veloza (‘H.H.’) lo señalaron de haber facilitado la entrada de los ilegales armados. Por estos hechos fue condenado administrativamente el Ministerio de Defensa en el 2009. Él se mantenía con radio coordinando todo con los paramilitares. Inclusive se emborrachaba con ellos. Respecto a Dabeiba, Amor fue mencionado por Romero Buitrago. En entrevista con ‘El Espectador’ dijo que a él lo sacaron de ese municipio y que lo iban a matar “por no colaborar”. Aseguró que después, en Medellín, le advirtieron que se cuidara.
“Entonces yo lo que hago es denunciar en la Brigada. Después me mandan para Ituango. Allá el coronel Jorge Alberto Amor me quería mandar a patrullar con una compañía que no era la mía a dos meses de irme a curso para mayor. Entonces yo le dije de frente que me quería matar”, dijo Romero.
Otro militar que tuvo mando en la lista de eventuales llamados por la JEP es David Herley Guzmán, a quien Romero también mencionó. “Él se mantenía con radio coordinando todo con los paramilitares. Inclusive se emborrachaba con ellos”, aseguró Romero. Guzmán, siendo mayor, comandó el Batallón Contraguerrillas 79, el mismo que según el militar que con sus declaraciones abrió el capítulo de Dabeiba, habría presentado hasta 75 personas inocentes como ‘falsos positivos’. Contra Guzmán se impuso medida de aseguramiento en 2008, cuando ya era teniente coronel, por el asesinato de dos menores y un adulto presentados como bajas de la guerrilla en zona rural de Dabeiba, en julio del 2005. Junto a él fueron procesados otros cinco militares por estos hechos, entre los cuales figura el suboficial Fidel Iván Ochoa Blanco, quien también está en la lista con la que la JEP pidió al Ejército las hojas de vida de los uniformados.Guzmán Ramírez figura en una publicación del Ejército del 2014 como secretario ejecutivo permanente de la Conferencia de los Ejércitos Americanos, una organización militar internacional. Sin embargo, fue capturado de nuevo en 2016, según informó la Fiscalía en ese momento, para responder por ese caso ante un juez especializado de Medellín.
Ochoa Blanco, el otro militar que aparece tanto en la lista de la JEP como en el caso por el que es procesado Guzmán, estaba preso en 2017 en el Centro Militar Penitenciario de Puente Aranda, en Bogotá, como se ve en un informe de Noticias Uno de esa época. Hacía parte de una lista de militares que podrían quedar en libertad tras haberse sometido a la JEP. Para entonces ya completaba 8 años y dos meses en prisión. En junio de 2019, Ochoa aparecía en la lista de 94 militares vinculados formalmente al caso 04, sobre el conflicto armado en Urabá, junto a otros como el general Mario Montoya y Jorge Eliécer Plazas Acevedo. De los 14 en la lista de eventuales llamados por la JEP, era el único vinculado a ese caso para ese momento.
Los demás militares sobre los cuales el despacho del magistrado Ramelli puso la lupa fueron integrantes del Batallón Contraguerrillas 79. Entre estos está Levis de Jesús Contreras Salgado, contra quien se siguió un proceso por el asesinato de cuatro personas el 9 de diciembre de 2004 en el corregimiento Santa Rita, de Ituango, municipio vecino de Dabeiba.
En 2014, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió que este proceso correspondía a la justicia ordinaria y no a la penal militar, basada en inconsistencias en la versión de Contreras y en denuncias de los pobladores de la región, quienes aseguraron que las cuatro personas fueron sacadas a la fuerza de un evento social, y no asesinadas en medio de un combate.
También aparece en la lista Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, quien es un mayor retirado, y el sargento en retiro Mauricio Álvarez Doria. Los nombres que completan la lista, que también habrían pertenecido al mismo batallón y de quienes no se encuentra registro en información pública que sugiera que han sido investigados en el pasado, son Efraín Enrique Prada Cano, EpimenioCristiano Calderón, Ferney Triana Lozano, Carlos Eduardo Chiquito Osorio, Ramiro Agudelo Duque y Luis Fidel Arenas Rodríguez.
Estas personas han sido mencionadas por al menos tres militares ante la JEP, entre ellos dos sargentos, además del capitán Romero Buitrago. Una vez la JEP reciba las hojas de vida por parte del Ejército, evaluará si efectivamente pudieron participar de acciones militares con las unidades mencionadas, en los años en que habrían ocurrido los ‘falsos positivos’. Tras verificar otros procesos judiciales que puedan cursar en contra de ellos, la magistratura de la JEP decidirá si los llama a versión. Entre la información que busca esclarecer la JEP también está la relación entre grupos paramilitares y la Fuerza Pública en la región, que también ha sido mencionada en versiones de al menos dos comparecientes que actuaron en la zona.
Además, buscarán ampliar la información que permita dar con zonas de inhumación ilegal en las que estarían enterradas víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
Foto: Semana.com
