El Espectador
La decisión se tomó después de que la Fiscalía 56 Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos señaló que estas conductas “son de conocimiento exclusivo de la JEP, en razón de la naturaleza del asunto, esto es, por la directa relación de los delitos con el conflicto armado; la calidad de agente de Estado integrante de la fuerza pública del presunto victimario, la comisión de las conductas antes del primero de diciembre de 2016”.
Después de revisar y avalar esta postura, la JEP le ordenó a Santoyo firmar el acta de sometimiento en los próximos diez días y así empezar con su caso dentro de la justicia transicional, donde deberá contar la verdad de lo sucedido cuando fue comandante del Gaula en Medellín (Antioquia). Aunque obtendrá beneficios a cambio de su aporte de verdad, la Jurisdicción no le concedió la libertad transitoria ni la revocatoria de la medida de aseguramiento ni el beneficio de la libertad en unidad policial, pues en ninguno de los casos se ha cumplido con todos los requisitos, entre ellos, los cinco años de privación de la libertad exigidos por la ley.
De acuerdo con la Fiscalía, antes de que fuera extraditado a Estados Unidos, el oficial aceptó voluntariamente que participó en la “interceptación de líneas telefónicas”, como “comandante del Gaula Urbano de Medellín con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones”.
En su investigación en contra del general, el ente de control citó los testimonios rendidos por exparamilitares, entre ellos, Carlos Mario Jiménez, conocido en la guerra como Macaco; Salvatore Mancuso; Juan Carlos el Tuso Sierra y Diego Fernando Murillo o Don Berna, quienes aseguraron que “para la época de dichas desapariciones el hoy general Santoyo Velasco prestaba colaboración a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá [con la] interceptación de llamadas para posterior seguimiento y vigilancia de personas”, y asociaron el nombre de Asfaddes de manera inmediata al nombre de Santoyo.
Según la Fiscalía, Quintero Mesa y Monsalve Pulgarín fueron “producto de una persecución sistemática por parte de las AUC, en asociación con agentes de Estado”, que se orquestó contra Asfaddes, algunos de cuyos familiares eran miembros de la Unión Patriótica (UP). Quintero buscaba a seis familiares desaparecidos y Monsalve a su hermano.
La verdad desde el exilio
Adriana Quintero tenía 20 años cuando su padre, Ángel Quintero, fue desaparecido forzadamente, junto con Claudia Monsalve. Desde entonces no ha parado de buscar la verdad desde el exilio.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2000. Según el relato de su hija, su padre estaba amenazado por su trabajo con Asfaddes. Aunque se había tenido que ir de Medellín, regresó porque debía investigar sobre la desaparición de tres familiares, quienes fueron raptados en un lugar público. “Entonces mi papá fue a ese sitio y recaudó información, hizo la tarea que debía hacer la Fiscalía. Y con eso fue al Gaula de la Policía. El 6 de octubre de ese año amplió su versión en la mañana y en la noche lo desaparecieron. ¿Qué información entregó? No lo sabemos aún”, contó Quintero.
En entrevista con este diario, aseguró que su esperanza estaba puesta en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado después del Acuerdo de Paz. Hasta ahora, denunció, no se lograron avances significativos en la justicia ordinaria: “El caso pasó sin fiscal recientemente como seis meses. Qué se puede esperar, si poco después de denunciar el caso Santoyo fue nombrado jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y después fue ascendido a general”.
Quintero hoy espera que Santoyo les diga la verdad del paradero de su padre y “que responda por lo que hizo, que no solo es el caso de mi papá, sino de varios más”.
Foto: Semana.com
