Los magistrados aseguraron que los rearmados y desertores que aparecen en el video de “Iván Márquez” quedan por fuera de la JEP. Abogados y dirigentes del Partido FARC dan su lectura de la decisión. Hernán Darío Velásquez y Seuxies Pausias Hernández, conocidos en la guerra como » el «Paisa» y Jesús Santrich», fueron expulsados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mandó un mensaje claro contra quienes cometieron la falta más grave de un proceso de paz: el rearme. El pasado jueve hizo pública la expulsión de los excomandantes de las Farc Seuxies Pausias Hernández y Hernán Darío Velásquez, conocidos en la guerra como Jesús Santrich y el Paisa, 15 días después de que se conociera el video de su inminente regreso a la guerra armada. Es la primera vez que la JEP expulsa a dos comparecientes. Aunque ambos ya tenían incidente de verificación de incumplimiento abierto por no asistir a las diligencias judiciales con los magistrados ni entregar informes.
Aunque en el video salen otros exjefes guerrilleros de las extintas Farc que también se acogieron a la JEP, la Sección de Apelación solo se refirió puntualmente a la expulsión de Jesús Santrich y el Paisa porque sus casos estaban siendo revisados por la Sección de Apelación. Cabe recordar que contra Santrich, además del incumplimiento, existía otro proceso por el supuesto envío de cocaína a Estados Unidos. Contra el Paisa ya se había ordenado su captura y la pérdida de los beneficios adquiridos después del Acuerdo de Paz.
Sin embargo, el magistrado Eduardo Cifuentes dejó claro que “todos los rearmados y desertores que aparecen en el video de Iván Márquez quedan por fuera de la JEP”. Se refiere a Iván Luciano Márquez Marín, Henry Castellanos, José Manuel Sierra Sabogal y José Vicente Lesmes, conocidos como Iván Márquez, Romaña, Zarco Aldinever y Wálter Mendoza, quienes ya están en trámite de expulsión por esta justicia especial.
“Me parece una decisión acertada. La Constitución es clara cuando dice que el principal compromiso es no volver a las armas y que si se reincide se pierden todos los beneficios y es causal de expulsión. Es un hecho notorio el rearme y se justifica la expulsión, sin dilaciones”, opinó al respecto María Camila Moreno, del Centro Internacional de Justicia Transición (ICTJ, por sus siglas en inglés). Vivian Newman, directora del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), comparte este punto y cree, por ejemplo, que en el caso de Santrich, este “tuvo la garantía de no extradición mientras estuvo dentro del proceso”. Pero hoy la consecuencia de su rearme «es la pérdida total de los beneficios derivados del mismo acuerdo».
En esa misma dirección, Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), piensa que “era lo que tenía que pasar” ante un hecho tan notorio como el video y valoró que la JEP tuviera en cuenta el debido proceso. “Las personas que esperaban que la decisión fuera instantánea no suelen tener en cuenta que el debido proceso debe garantizarse, y eso es cumplir una serie de procedimientos hasta llegar a una decisión judicial. Y por fortuna esto fue muy rápido y eso habla muy bien de la jurisdicción que se toma muy en serio este tipo de evidencias que han surgido para dar respuesta a
Para Ospina, la decisión manda un mensaje claro de rechazo contra quienes cometieron la falta más grave de este proceso de paz, que es rearmarse, y está convencido de que la decisión de la JEP “legitima su papel de ser un juez imparcial, un juez que cumple su tarea en función de las leyes que se han expedido, incluso las reformas constitucionales que para el efecto existen”.
Por el contrario, William Acosta, abogado de oficio del Paisa, asegura que esta decisión tiene tinte político y no jurídico, y que hasta el momento no ha sido notificado por la JEP. No cree que haya sido una decisión acertada, pues se debió abrir otro incidente de verificación, teniendo en cuenta que se iban a introducir nuevas pruebas, como el video.
Para Pastor Alape, miembro de la Dirección Nacional del Partido FARC, la “JEP no tenía más que hacer, “¿cómo la JEP va a seguir llamando a comparecer a un grupo de personas que manifiestan que se levantan en contra del Estado?”, dijo y reiteró que quienes siguen en el proceso de paz no han “perdido el norte”: “Mantenemos la voz por una paz completa, es decir, la línea de la solución política. Creemos que la paz tiene que seguirse buscando el diálogo con todos los actores y, por supuesto, en el interior estamos acompañando un debate para fortalecer nuestras acciones en la construcción de paz, a través de hechos concretos como los proyectos productivos y las garantías de seguridad para el ejercicio político”.
La senadora del Partido FARC Victoria Sandino también se refirió al tema y lamentó la decisión no porque no fuera justa, sino porque “representa el efecto dominó” que desencadenó la declaración de Iván Márquez y los otros rearmados. “Nosotros peleamos para que la JEP fuera una jurisdicción autónoma y creo que está actuando en el derecho de esa autonomía. Hoy se ratifica que ellos están por fuera y esto distancia aún más toda la posibilidad de que se pudiera concretar una paz completa, una paz en la que todos y todas nos comprometieron. No era de sorprender, pero obviamente no deja de doler que cada vez se empantane no solo la implementación del Acuerdo de Paz, sino la posibilidad de paz de un grupo de firmantes del Acuerdo que volvieron a las armas”. La decisión de la JEP es definitiva y no puede ser apelada. Quienes decidieron tomar las armas volverán a ser perseguidos por las autoridades judiciales y a ser juzgados por jueces ordinarios.
