El Tiempo
El trámite de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz estaba cursando con normalidad en el Congreso hasta que la bancada uribista empezó una cruzada para modificar ciertos aspectos de los acuerdos de paz incluido ese proyecto.
Este miércoles, después de dos semanas de tropiezos, el Congreso votó favorablemente el proyecto de ley.
La ley de procedimiento es la base de la acción jurídica de la JEP; es decir, define el funcionamiento de las secciones y salas del nuevo sistema de justicia. Así mismo, describe el proceso que tendrán que afrontar los postulados a la JEP y el trámite que asumirán las víctimas ante el Tribunal Especial de Justicia para buscar la reparación de sus derechos.
¿Cuáles fueron las modificaciones que se incluyeron en el proyecto?
- Límites a la competencia de la JEP sobre extradición
Los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz no podrán practicar pruebas para verificar ocurrencia de hechos por los que los postulados son pedidos en extradición. La JEP solo tendrá competencia para validar la fecha de ocurrencia de los supuestos delitos por los que otro país está presentando la solicitud.
- Congelamiento de procesos de militares hasta que exista sala especial para tramitar sus casos dentro de la JEP
La bancada del Centro Democrático impulsó la creación de una sala especial dentro de la JEP para el procesamiento de los militares. Quienes deseen que sus casos sean tramitados por medio de ese mecanismo podrán pedir el congelamiento de sus casos hasta por 18 meses, en los cuales se espera realizar las modificaciones normativas que se requieran para crear la sala.
Sobre el tema de la extradición, la ponencia que habían construido el senador Horacio Serpa y el representante Hernán Penagos y que fue aprobada, dice: “la Sección de Revisión podrá decretar y practicar únicamente las pruebas que sean estrictamente necesarias y pertinentes para establecer la fecha de comisión de la conducta”.
¿Qué pasará ahora con el trámite de la ley?
La ley deberá ser sancionada por el presidente. Sin embargo, puede pasar que el gobierno de Juan Manuel Santos decida demandar ante la Corte Constitucional las modificaciones que les fueron incluidas al proyecto.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, abrió esa posibilidad: “Tenemos la alternativa de demandar por inconstitucionalidad los dos artículos ante la Corte Constitucional. Yo creo que esa puede ser la opción por la que nosotros nos vayamos porque claramente hay vicios de inconstitucionalidad”, afirmó el Ministro.
