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Quizá la institución que más encarna el acuerdo de paz es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Puede que no en un nivel estrictamente material –aunque es una pieza clave–, pero sí desde la percepción general de los colombianos. Esta es una realidad que aplica tanto para críticos del acuerdo como para sus más acérrimos defensores. Su sola existencia, así como la mayoría de sus actuaciones, ha suscitado varias polémicas que han dejado en evidencia cómo la polarización entre sectores políticos, en vez de disminuir, se ha agudizado tras cuatro años de la firma de la paz.
Tan solo en los primeros meses de su mandato, el presidente Iván Duque presentó seis objeciones a la ley estatutaria que reguló la operación de la justicia transicional. Este veto no se concretó ya que el Senado lo hundió y posteriormente recibió la estocada final por parte de la Corte Constitucional que desestimó los argumentos del Gobierno sobre una supuesta falta de quorum para llevar a cabo la votación. La situación no fue más allá de un acto netamente simbólico del Ejecutivo, pero sirvió para dejar claro cuál sería su actitud frente a la JEP.
Pero si aquí llueve, afuera sí escampa. De hecho, contrario a lo que ocurre en el país, el panorama que se tiene en el exterior sobre el acuerdo de paz y la justicia transicional resulta más optimista. Desde que comenzó la negociación entre la administración de Juan Manuel Santos y la guerrilla para pactar “una paz estable y duradera”, el acompañamiento de gobiernos extranjeros y organismos multilaterales fue una constante que contribuyó a que ambas partes llegaran a un común acuerdo.
Cuando en La Habana se anunció que finalmente se había concertado el fin del conflicto armado, Ban Ki Moon, quien fungía como secretario general de la ONU en junio de 2016, visitó la ciudad caribeña y celebró la noticia junto con los representantes de los países garantes (Cuba y Noruega) y acompañantes (Venezuela y Chile). También estaban allí los presidentes de México, El Salvador, República Dominicana y enviados especiales de Estados Unidos y la Unión Europea. ONU acoge petición del presidente Duque para extender un año su Misión de Verificación
Y, a pesar de que han surgido nuevos atropellos como el asesinato de exguerrilleros y líderes sociales, el apoyo internacional continúa vigente. El pasado 14 de septiembre, por ejemplo, Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, declaró que su oficina había registrado 47 homicidios de defensores de derechos humanos en lo corrido del año y que esa era una razón de peso para insistir en que el acuerdo “debe implementarse plenamente para prevenir más violencia, violaciones y abusos”. Como esta defensa del acuerdo, otras demostraciones similares han tenido lugar. La más reciente estuvo en cabeza del Consejo de Seguridad la ONU.
Este organismo, conformado por 15 naciones (cinco miembros permanentes y diez no permanentes), tiene como principal función mantener la paz y seguridad en todo el planeta. En consecuencia con este cometido, en un comunicado de prensa de dos páginas, el organismo reiteró su “total y unánime apoyo” al acuerdo de paz, así como para la Misión de Verificación de las Naciones Unidas que actualmente opera en el país. Adicionalmente, hizo un llamado urgente para tomar acciones para prevenir “amenazas, ataques y asesinatos persistentes contra líderes comunitarios y sociales”.
Buena parte del contenido resalta los esfuerzos realizados para consolidar los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), catalogándolos como una cuestión esencial para la eficacia del acuerdo, y las políticas encaminadas a desmantelar las estructuras disidentes que no se acogieron a la paz. Pero el aspecto más descollante es aquel en donde reafirma su aval al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) del que hace parte de la JEP. “Los miembros señalaron que las recientes expresiones de responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto eran pasos positivos hacia el cumplimiento de los compromisos con la verdad, la justicia y la reconciliación requeridos por el acuerdo final de paz” indica el comunicado.
El Consejo, según afirma, “alienta este tipo de contribuciones de las diferentes partes y actores del conflicto” para satisfacer los objetivos planteados desde un inicio en La Habana. De igual manera, el organismo se ofreció a servir como veedor, a través de la Misión de Verificación, de los fallos que tome la justicia transicional sobre quienes están sometidos a su jurisdicción.
“Se reitera su disposición a considerar un rol de la Misión de Verificación en la comprobación del cumplimiento de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, y señalaron la importancia de hacerlo de manera oportuna” señala la misiva.
El espaldarazo coincide con una coyuntura complicada para la JEP. Justo ayer el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2021 y, a pesar de los avisos de diferentes legisladores, no se aprobaron 30.000 millones de pesos adicionales que solicitó el tribunal, principalmente para fortalecer la Unidad de Investigación y Acusación específicicamente el componente de protección de víctimas y comparecientes. Con las manos atadas y sin nada más que un reproche, la corporación manifestó su desacuerdo.
“La JEP expresa su preocupación por la no aprobación en el presupuesto 2021 de una partida adicional que había solicitado al Gobierno nacional en el Presupuesto General de la Nación de 2021, y que es fundamental para la atención y protección a víctimas, testigos e intervinientes” aseguró en un sus canales oficiales.
Foto: El Espectador.com
