El Tiempo
Más de seis meses después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió a la Alcaldía de San Onofre, Sucre, hacer un plan de administración y protección de los cementerios de su territorio, donde habría cuerpos de personas desaparecidas en riesgo por el abandono en que están, esa administración sigue sin responder.
En un auto del 21 de mayo conocido por EL TIEMPO, la JEP respondió a través del magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR), a una petición del Colectivo Orlando Fals Borda del 12 de mayo para que se ordenen medidas de protección en el marco de la pandemia de coronavirus sobre los cementerios de San Onofre y el corregimiento Rincón del Mar.
Ramelli decidió concentrar las solicitudes del Colectivo junto con las que ya se estudian para ese municipio de Sucre por solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en unos 17 lugares del país. En la carta enviada a la JEP, el Colectivo Fals Borda aseguró que “las entidades municipales e incluso distritales no cuentan con la capacidad para el manejo de la contingencia” del coronavirus en términos del manejo de cuerpos, para que no se vean afectados aquellos no identificados o identificados, pero sin reclamar.
El Colectivo expresa su preocupación por que “se deterioren los espacios para proteger a los cuerpos no identificados, se usen bóvedas que estaban dispuestas para la inhumación de cuerpos no identificados en el marco de procesos de búsqueda, identificación y entrega de los mismos, para la inhumación de los cuerpos resultantes del contagio por el covid-19”.
Las directrices de las entidades de salud a nivel nacional sugieren la cremación de las personas fallecidas por covid-19, pero la carta insiste que “al no existir disponibilidad de hornos crematorios para su cumplimiento necesariamente deben realizarse inhumaciones en bóvedas”, y por eso preocupa que eso pueda afectar lugares de interés forense para la JEP y las víctimas.
En el documento de la JEP llama la atención que se insiste a la Alcaldía de San Onofre para que responda a las solicitudes que esa justicia le ha hecho desde el año pasado, cuyos plazos ya se vencieron y que hasta la fecha del auto no habían sido cumplidas.
En 2019, tras realizar una audiencia pública en Cartagena sobre estas medidas de protección, la JEP ordenó a la Alcaldía de San Onofre encargarse de “la administración y actualización de la información sobre los cementerios de Rincón del Mar y San Onofre” que reposa en la base de datos de Medicina Legal.
Además, le dio tres meses para adoptar “las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan específico de administración y protección de los cementerios bajo su jurisdicción”, con plazos para su ejecución y mecanismos de veeduría ciudadana.
El plazo se venció el 4 de marzo de este año. Al día siguiente, el magistrado Ramelli volvió a oficiar a la Alcaldía. “Hasta la fecha no se ha recibido información que permita constatar el cumplimiento de las órdenes dadas”, señala el auto del 21 de mayo.
La JEP también dijo que la Alcaldía “deberá considerar medidas tendientes a legalizar, sanear y titularizar el predio en el que se encuentra ubicado el cementerio de Rincón del Mar”, así como adoptar medidas urgentes de protección en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
En el más reciente auto, la JEP advirtió que “se requerirá, una vez más, a la Alcaldía de San Onofre para que cumpla con las decisiones adoptadas (…) so pena de que esta Sección ejerza sus poderes correccionales, incluido el desacato”.
La Gobernación de Sucre, por su parte, pidió el 4 de marzo de este año 5 días más para cumplir con lo ordenado, los cuales le fueron concedidos. Según conoció EL TIEMPO, esta entidad ya envió su respuesta a la JEP y el contenido de esta es estudiado por los magistrados del Tribunal para la Paz.
Pero la JEP no solo reiteró órdenes anteriores, sino que pidió nueva información a la Alcaldía de San Onofre y le dio tres días para enviarla. La administración municipal debe informar la población actual de su territorio, si hay casos de personas con covid-19 y/o fallecidas por el mismo motivo. Además, le ordena actualizar cada 15 días estos datos ante la SAR.
Asimismo, la JEP le indago su plan de acción “para el manejo del incremento de los cuerpos de personas fallecidas por covid-19, de acuerdo con las orientaciones del Ministerio de Salud”, así como la capacidad de los dos cementerios para atender un posible índice “catastrófico” de muerte por coronavirus. También debe informar si el municipio cuenta con hornos crematorios.
Según la página del Instituto Nacional de Salud, hasta este martes, en San Onofre se habían confirmado tres casos de contagio por covid-19 y ningún fallecimiento. Sin embargo, la información sobre los planes de contingencia no ha sido enviada a la JEP. San Onofre, además, tiene una dificultad adicional. La elección del alcalde Teódulo Cantillo Martínez, electo para el actual periodo, fue suspendida en febrero por el Tribunal Administrativo de Sucre por una presunta inhabilidad.
El 2 de marzo, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, nombró a Eloy Berrío Julio como alcalde interino de San Onofre, quien sigue siendo el responsable de la administración y, por lo tanto, de responderle a la JEP.
Foto: El Universal.com
